Un carpintero retiró y luego devolvió los muebles de la Junta Municipal como protesta por una deuda impaga, en medio de una grave crisis económica y política que golpea a la institución.
En un hecho insólito, un carpintero retiró sillas y otros muebles de la Junta Municipal de San Pedro de Ycuamandiyú como medida de protesta ante la falta de pago por parte de la empresa adjudicada para equipar la institución.
El protagonista es Eduardo Vera, propietario de una empresa local contratada por la firma Distribuidora Pabla, de Encarnación, que obtuvo un contrato superior a G. 180 millones para la provisión de mobiliario, equipos de audio y micrófonos. Vera aseguró que su trabajo fue valuado en G. 120 millones, de los cuales solo recibió G. 90 millones. El saldo de G. 30 millones permanece pendiente desde febrero pasado, a pesar de las reiteradas promesas de pago.
“Entregamos todos los muebles, pero nunca cumplieron con la última parte del contrato. La etapa de diálogo se agotó”, explicó el artesano, quien adelantó que evalúa acciones judiciales.
Hace un mes, tras múltiples reclamos, Vera y sus trabajadores retiraron los muebles de la Junta como medida de presión. Luego de nuevas promesas de cobro “inmediato”, devolvieron el mobiliario, aunque hasta ahora no se efectivizó el pago.
El intendente Carlos Quiñónez (ANR – HC) reconoció que la Municipalidad aún mantiene una deuda con la empresa adjudicada, aunque negó responsabilidad directa con el carpintero. “A la firma se le deben G. 26 millones. A Eduardo Vera no le debe la municipalidad, estamos por saldar toda la deuda”, señaló.
Crisis financiera y política
La situación financiera de la comuna es crítica. El intendente admitió que la Municipalidad adeuda los salarios de julio y agosto a sus funcionarios. “Estamos atravesando un momento complicado, el martes pasado solo ingresaron G. 1.800 millones”, explicó. El costo operativo mensual ronda los G. 400 millones, mientras que el presupuesto anual es de G. 16.000 millones, con ingresos genuinos de apenas G. 6.500 millones mensuales.
A la crisis económica se suma la tensión política tras el fallecimiento del concejal Cristhian Peralta, cuya sucesión genera disputas internas en la Junta. Además, el polémico pedido del intendente para emitir bonos por G. 48.000 millones desató la indignación ciudadana y derivó en una vigilia permanente frente al edificio comunal, donde exigen mayor transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
El Nacional
