La agente fiscal Mirtha Martínez ofreció detalles sobre el allanamiento realizado en una vivienda del barrio Bernardino Caballero de Pedro Juan Caballero, en el marco de una investigación por el supuesto hecho de usura, destacando la incautación de una gran cantidad de dinero que arrojó más de 250 millones y tarjetas de programas sociales, como supuesto autor se sindica a un septuagenario.
En una entrevista para Urundey FM, la representante del Ministerio Público, quien estuvo interinando en la Unidad Penal N° 7, brindó un panorama de la intervención. Confirmó que el procedimiento se efectuó como parte de una investigación ya abierta en la Unidad Penal N° 7, a cargo del fiscal Andrés Cantaluppi, y se centró en la práctica de la usura.
Martínez confirmó que la suma total de dinero en efectivo incautada supera los G. 250 millones. El propietario de la vivienda, Eleno Arriola, de 72 años, solo pudo justificar alrededor de 100 millones mediante una supuesta venta de inmuebles. Los restantes 150 millones no cuentan con justificación, lo que, según la fiscal, genera la presunción de que es dinero obtenido por la usura.
Como principal evidencia del esquema, se incautaron un total de 28 tarjetas de débito a nombre de diferentes personas, así como recibos en blanco y pagarés. La fiscal Martínez detalló que entre las tarjetas se encuentran algunas pertenecientes a beneficiarios de programas de gobierno, como Tekoporã, aunque aclaró que había “de todo”.
La fiscal Mirtha Martínez explicó que, si bien el propietario de la casa, Eleno Arriola, fue ubicado en el sitio de la intervención, no se procedió a su detención. “Teniendo en cuenta su edad no pude detenerlo, tiene 72 años y es un señor enfermo. Justamente por humanidad no lo detuvimos,” afirmó.
Sin embargo, enfatizó que la no detención no lo exime de responsabilidad penal. “Por supuesto que sí se expone a sanciones penales”, declaró, añadiendo que Arriola deberá presentarse ante la Unidad Penal N° 7 para declarar.
Consultada sobre la posible condena, la fiscal indicó que la expectativa de pena por el delito de usura varía según la gravedad. La usura grave tiene una espectativa de hasta hasta 10 años de cárcel y la no grave una espectativa mínima de hasta 3 años.
La fiscal consideró que, en caso de no poder justificar el dinero y al estar presentes las evidencias como las tarjetas y pagarés, el caso podría configurarse como grave.
El procedimiento, llevado a cabo por el Departamento de Investigaciones y la Fiscalía, sienta un precedente en la lucha contra los prestamistas ilegales que retienen documentos y tarjetas de personas vulnerables. El caso continuará a cargo del fiscal Andrés Cantaluppi.
Urundey FM
