La diputada Leidy Galeano (Yo Creo-Central) presentó tres proyectos de resolución que buscan transparencia y respuestas concretas de las principales instituciones del Estado encargadas de prevenir y atender casos de violencia contra la mujer.
Los pedidos de informe, dirigidos al Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, plantean interrogantes directos sobre la eficacia real de las políticas públicas implementadas para evitar feminicidios en el país.
Esto teniendo en cuenta que en los primeros 15 días del 2026, se registraron seis feminicidios que reflejan distintas formas de violencia de género, dejando familias enlutadas y varios niños huérfanos. Los casos ocurrieron en Concepción, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora y San Lorenzo.
El primer proyecto solicita detalles sobre programas activos, campañas educativas y, crucialmente, qué indicadores concretos utiliza el Ministerio de la Mujer para medir si sus acciones realmente reducen el riesgo de feminicidios.
Exige saber cuántos centros de atención funcionan las 24 horas, cuál es el tiempo real de respuesta cuando una mujer pide ayuda, y qué porcentaje del presupuesto se destina efectivamente a prevención y no a administración.
Igualmente pide datos de cuántas mujeres con denuncias previas de violencia terminaron siendo víctimas de feminicidios, evidenciando la brecha entre la existencia de mecanismos de protección y su funcionamiento real.
Intervención policial bajo la lupa
El segundo pedido de informe cuestiona directamente al Ministerio del Interior sobre la actuación policial acerca de cuántas denuncias mensuales por violencia familiar se convierten en intervenciones efectivas; cuál es el tiempo de respuesta ante llamados de emergencia; y cómo se controla, en la práctica, el cumplimiento de órdenes de alejamiento.
La diputada también indaga sobre cuántos agentes recibieron capacitación específica en violencia de género, si esa formación es obligatoria o voluntaria, y qué comisarías cuentan con oficiales especializados.
El proyecto plantea, además, si existen patrullas preventivas o si la policía solo actúa cuando ya hay denuncia, y cuántos casos de feminicidios tuvieron intervenciones policiales previas que no lograron evitar la tragedia.
Pedido a la Fiscalía General
El tercer proyecto apunta al Ministerio Público y aborda directamente los supuestos fallos del sistema judicial. El proyecto solicita saber qué porcentaje de víctimas de feminicidios habían denunciado previamente a su agresor; qué medidas se dictaron en esos casos; y por qué no fueron suficientes.
Pregunta, además, cuántas órdenes de alejamiento se dictan anualmente versus cuántas son realmente controladas, y cuántos feminicidios ocurrieron con medidas de protección vigentes, evidenciando la existencia de un sistema que protege sobre el papel pero falla en la práctica.
La legisladora también cuestiona los tiempos del sistema judicial, los recursos disponibles y pide información sobre tentativas de feminicidios que no fueron impedidas y luego se consumaron, buscando identificar fallas sistémicas.
Los tres proyectos establecen un plazo de 15 días hábiles para que las instituciones remitan la información solicitada, conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación por Ley N° 5.453/15.
La Comisión Permanente del Congreso analizará los tres proyectos en su próxima sesión ordinaria prevista para el 28 de enero próximo.
El Nacional
