El senador nacional Rubén Velázquez denunció ante el pleno de la Cámara Alta lo que calificó como una “persecución sistemática” y “abusos de autoridad” por parte de la Receita Federal de Brasil contra taxistas y transportistas paraguayos en la zona fronteriza de Ciudad del Este.
En una enérgica intervención, el legislador alertó sobre el nuevo sistema de fiscalización implementado por el organismo brasileño para combatir el “contrabando hormiga”, el cual estaría derivando en la incautación arbitraria de vehículos y la aplicación de multas desproporcionadas que alcanzan los 5.000 reales.
Responsabilidad ajena y atropellos legales
Según Velázquez, las autoridades brasileñas están responsabilizando directamente a los conductores por las mercaderías que transportan sus pasajeros. “Se está violando el principio de responsabilidad personal. No se puede sancionar al trabajador por los bienes de su cliente”, sostuvo el senador, calificando estas acciones como una violación directa a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El parlamentario enfatizó que estas medidas no afectan a quienes operan en la clandestinidad, sino a trabajadores honestos que sirven de sustento para familias enteras.
Impacto económico en Ciudad del Este
El legislador advirtió que esta situación ya está generando consecuencias negativas en la economía regional:
Turismo: Disminución notable en el flujo de visitantes debido a los controles agresivos.
Comercio: Caída en la recaudación local y en la actividad comercial de Ciudad del Este.
Seguridad Jurídica: Vulneración de los principios de proporcionalidad y debido proceso.
“Detrás de cada conductor hay familias enteras. No voy a permitir atropellos contra quienes salen a trabajar todos los días. Paraguay se respeta”, sentenció Velázquez.
Pedido a Relaciones Exteriores
Ante la gravedad de los hechos, el senador instó oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Gobierno Nacional a iniciar una investigación exhaustiva y mediar ante sus pares brasileños para precautelar el derecho al trabajo y la integridad patrimonial de los paraguayos en la frontera.
La plenaria recibió el reclamo con el compromiso de dar seguimiento a la situación, buscando establecer garantías reales para que el transporte fronterizo pueda operar bajo el amparo de la ley y el respeto mutuo entre ambas naciones.
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