El legislador Rubén Velázquez denunció un incremento patrimonial del 1.500% en los bienes del actual mandatario y acusó a Camilo Benítez de frustrar la persecución penal mediante auditorías “lamentables”.
ASUNCIÓN. Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el senador nacional Rubén Velázquez solicitó formalmente el inicio de un juicio político contra el Contralor General de la República, Camilo Benítez. El pedido se fundamenta en supuestas irregularidades cometidas durante el examen de correspondencia de los bienes del Presidente de la República, Santiago Peña.
Una evolución patrimonial bajo la lupa
Velázquez calificó de “inaudito” el crecimiento de los activos del jefe de Estado. Según los datos expuestos por el senador, Peña declaró en el año 2017 —tras dejar el Ministerio de Hacienda— un patrimonio de 1.300 millones de guaraníes. Sin embargo, para el año 2023, al asumir la presidencia, la cifra se disparó a 23.000 millones de guaraníes.
“Estamos hablando de un aumento patrimonial de más de 1.500%. Es un posible caso de enriquecimiento ilícito”, sentenció el legislador ante el pleno.
Acusaciones de “blanqueamiento”
El punto más crítico de la denuncia radica en las modificaciones realizadas a las declaraciones juradas del presidente durante el proceso de auditoría. Para Velázquez, este hecho altera y desvía el propósito de la investigación de la Contraloría, encaminándola deliberadamente hacia un “blanqueamiento” del mandatario.
El senador fue tajante al señalar que la actuación de Camilo Benítez constituye un delito de frustración a la persecución penal. Según su argumentación, el Contralor habría ayudado intencionalmente al Ejecutivo a eludir la justicia, obstaculizando posibles investigaciones del Ministerio Público.
Críticas a la independencia institucional
La intervención también puso el foco en la falta de autonomía del ente de control. “Evidentemente, el Contralor demuestra que está sometido al poder de turno”, afirmó Velázquez, vinculando este accionar con la intención de Benítez de integrar nuevamente la terna para la Contraloría en el mes de septiembre.
Finalmente, el legislador instó a sus colegas a no permitir que personas que “se someten a los gobiernos de turno” permanezcan al frente de una institución clave para la transparencia y la fiscalización del dinero público.
Claves del conflicto:
Incremento: El patrimonio de Peña pasó de G. 1.300 millones (2017) a más de G. 24.500 millones (actualidad).
La irregularidad: Modificaciones en las DD.JJ. durante el estudio de correspondencia.
La figura legal: Denuncian “frustración a la persecución penal” por parte del Contralor.
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