Nenecho recibe medidas alternativas y fianza de G. 500 millones en el caso “detergente de oro”, con comparecencias trimestrales.
El intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión en el marco del caso “detergente de oro”, donde se lo investiga por un presunto daño patrimonial de casi G. 2.000 millones. El juez Rodrigo Estigarribia impuso al jefe comunal una fianza real de G. 500 millones, la obligación de comparecer trimestralmente ante el Juzgado y comunicar cada salida y retorno al país.
Rodríguez se presentó en la mañana del jueves para la audiencia de imposición de medidas. El Ministerio Público lo acusa por los delitos de lesión de confianza y asociación criminal, vinculados a supuestas compras simuladas de detergentes y desinfectantes con fondos destinados para la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Al finalizar la audiencia, el intendente expresó que es el principal interesado en que se esclarezca el caso y reiteró su confianza en el Poder Judicial y el Ministerio Público. A pesar de que el caso se remonta a hace cuatro años, Rodríguez subrayó que nunca presentó chicanas ni intentó evadir la investigación, destacando su disposición a colaborar desde el inicio del proceso.
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Según las investigaciones, Rodríguez es señalado como el líder de una organización que habría desviado fondos destinados a la compra de insumos de limpieza durante la pandemia. Junto a él, otros diez funcionarios municipales fueron procesados por su supuesta participación en los hechos.
Entre los involucrados se encuentran Wilfrido Adrián Cáceres López, director de Administración y Finanzas; Nidia Rosa López de González, de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre Municipal; y Édgar Fabián Estigarribia Gavilán, quien asumió temporalmente las funciones de López. También figuran David Fernández, Agustín Fernández Estigarribia y Miguel Ángel Lisboa, representantes de la empresa DFR, así como miembros del clan Cano, vinculado a la empresa Bastian Comercial.
Rodríguez desestimó públicamente la gravedad del caso y manifestó que, si el proceso hubiera concluido hace dos años, ya habría sido sobreseído. Sin embargo, la causa continúa avanzando y los implicados deberán enfrentar el proceso judicial que sigue su curso.
Fuente: Última Hora
