El proyecto que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas, con participación ciudadana, pretende utilizar imágenes captadas por cámaras privadas, ubicadas en espacios públicos, por parte de la Policía Nacional.
La Cámara de Diputados se dispone a tratar próximamente el proyecto que regula la utilización de videocámaras ciudadanas que cuenta con dictámen de comisiones.
La iniciativa genera críticas atendiendo a que habilita a la Policía Nacional a acceder a imágenes de cámaras de seguridad incluso en propiedades privadas. El proyecto no tuvo tratamiento en vista de que en la sesión de este martes, la Cámara Baja quedó sin cuórum.
No obstante, el propósito del documento divide en dos a los miembros de la Cámara porque la iniciativa se enmarcaría dentro de la delgada línea de la legalidad, y podría ir contra derechos fundamentales, como el de intimidad y de propiedad, convirtiéndola en una herramienta para el espionaje sino se pone límites claros.
Fue presentada por el diputado cartista Yamil Esgaib, y hay quienes temen que esta legislación se convierta en una herramienta de espionaje a favor del Estado.
Permite acceso a las imágenes captadas por cámaras privadas ubicadas en espacios públicos. Según la propuesta, los propietarios de cámaras instaladas en sus domicilios y enfocadas hacia la vía pública estarían obligados a comunicar la instalación de estos equipos a la Policía y a colaborar cuando las autoridades soliciten acceso a las grabaciones.
Otro polémico artículo es el 3º, numeral 7, que establece que cualquier persona con cámaras enfocadas hacia áreas públicas deberá notificar a la Policía sobre su existencia.
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A su vez, los propietarios estarán obligados a cooperar con las autoridades en caso de requerimiento oficial. Aunque el artículo prohíbe expresamente la grabación de sonidos sin una orden judicial, permite que las imágenes dentro de propiedades privadas se registren con el consentimiento del titular o autorización judicial.
De acuerdo a la fundamentación de la propuesta para garantizar el derecho de propiedad “las personas interesadas podrían ejercer el derecho de acceso y cancelación de las imágenes”.
Se prevé además que “las imágenes y sonidos obtenidos por cualquiera de las maneras previstas deberán ser destruidos en el plazo de un mes desde su captación”.
De las aproximadamente 1.000 cámaras en el sistema de emergencia 911, se estima que al menos 350 no están operativas y otras tantas carecen de conexión remota para ser monitoreadas, desde el centro de control.
Este contexto hace dudar sobre la capacidad de la Policía para gestionar, custodiar y proteger los datos de las cámaras privadas si corre la iniciativa.
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