La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, desmontó esos argumentos y aclaró que el informe es plenamente vigente. Reconoció que la publicación del Human Rights Report correspondiente al 2024 se retrasó
El reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos en Paraguay generó un intenso revuelo político. Legisladores oficialistas y liberales afines al cartismo salieron al cruce del documento, intentando restarle relevancia y calificándolo de desactualizado. Entre ellos, el senador liberal Dionisio Amarilla afirmó que se trataba de un reporte “viejo” y que no correspondía a la actual administración de Donald Trump.
Sin embargo, este viernes la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, desmontó esos argumentos y aclaró que el informe es plenamente vigente. Reconoció que la publicación del Human Rights Report correspondiente al 2024 se retrasó porque la administración Trump no quiso divulgar un trabajo elaborado por el gobierno anterior, y prefirió esperar para adaptarlo a su visión y criterios. “Este informe se retrasó porque, como administración, no íbamos a publicar algo compilado y escrito por la administración anterior”, afirmó.
En su declaración, Bruce explicó que la demora respondió a una decisión deliberada para garantizar un documento coherente con los lineamientos del nuevo gobierno. Señaló que el texto fue ajustado para ser más legible, con un enfoque que mantuviera el compromiso con los derechos humanos, pero sin elaborar un ranking de países como en ediciones anteriores. También indicó que, aunque el reporte pueda ser más breve en algunos apartados, incorpora nuevas denuncias, como casos de censura en varios países, que antes no se abordaban.
Sobre Paraguay, el informe señala graves deficiencias institucionales, incluyendo el uso del Congreso como herramienta de intimidación política, intentos de restringir el acceso a la información pública y un clima hostil para sectores opositores. También advierte sobre la impunidad en casos de corrupción y el debilitamiento de organismos de control, factores que afectan la vigencia plena de los derechos humanos.
Con esta aclaración del Departamento de Estado, las declaraciones de Amarilla y otros legisladores oficialistas y aliados quedan en entredicho. Aunque la conferencia de prensa no fue convocada exclusivamente para responder a dichos comentarios, la vocera sí dejó claro que el informe no es un documento “viejo”, sino una evaluación actualizada que refleja la postura y el análisis más reciente de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en distintos países, incluido Paraguay.
El Nacional
