El canciller Rubén Ramírez Lezcano entregó al encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, dos ejemplares del informe final de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero, contrabando y delitos conexos, más conocida como la “comisión garrote”
La remisión se dio a pedido de la propia comisión, que solicitó la colaboración diplomática para que el material llegue al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia en Washington.
La novedad es significativa porque pone en evidencia una paradoja política y diplomática. El oficialismo colorado, dominado por el cartismo, utilizó esta comisión como una de sus principales herramientas para perseguir a opositores y medios de comunicación críticos. Fue bautizada como “garrote” por la oposición justamente porque carecía de garantías de imparcialidad y funcionaba como un instrumento de presión política desde el Congreso.
Sin embargo, el mayor contraste surge al recordar que fue el propio Gobierno de los Estados Unidos, en su más reciente informe sobre Derechos Humanos en Paraguay, el que cuestionó con dureza el uso de esta comisión. El documento del Departamento de Estado advirtió que la mayoría oficialista estaba utilizando mecanismos legislativos para hostigar y amedrentar tanto a referentes de la oposición como a periodistas de medios no afines, citando explícitamente a la comisión de investigación como ejemplo de esa práctica.
A pesar de ese antecedente, la Cancillería paraguaya decidió elevar el informe a la embajada estadounidense, validando con ello un producto político que Washington ya había desacreditado públicamente. El contenido del documento incluye nueve tomos con más de 1.300 folios y anexos digitales que recopilan audios, videos y documentos que la comisión presenta como prueba de supuestas irregularidades en el manejo de fondos de cooperación internacional por parte de organizaciones no gubernamentales.
El cartismo reivindica este trabajo como un esfuerzo de “transparencia” y exige que la Fiscalía actúe en base a sus conclusiones. Pero para amplios sectores de la oposición y la sociedad civil, se trata de una maniobra para estigmatizar ONG, voces críticas y adversarios políticos, en línea con una agenda autoritaria.
Con esta entrega, el Gobierno se coloca en una posición incómoda: por un lado, pretende dar legitimidad internacional a un informe de clara impronta política; por otro, lo hace ante un país que ya lo había descalificado en un informe oficial. Una contradicción que desnuda la lógica del cartismo: usar el aparato estatal y las relaciones exteriores para reforzar, incluso en el plano internacional, sus mecanismos internos de persecución.
El Nacional
