La Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú), se prepara para debatir un proyecto de ley que busca establecer un sistema obligatorio de control y certificación del agua mineral que se comercializa en el país.
La iniciativa surge tras detectarse un grave caso de fraude en Luque, donde se vendía agua de cañería embotellada como si fuera mineral.
Del Puerto explicó que la propuesta apunta a garantizar que el agua embotellada cumpla con los estándares de calidad y seguridad exigidos para el consumo humano. “Queremos que la gente tenga la certeza de que el producto que compra es realmente seguro y cumple con las normas sanitarias”, expresó el legislador.
Actualmente, los controles del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) se basan principalmente en muestras facilitadas por los propios distribuidores, lo que —según el diputado— no refleja la verdadera calidad del producto desde su origen. Además, recordó que la Entidad Reguladora de Servicios Sanitarios (ERSSAN) fiscaliza la infraestructura de las aguateras, pero no el contenido del agua embotellada.
El parlamentario señaló también que el convenio firmado en 2013 entre la Cámara Paraguaya de Agua Mineral (CAPAM) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) no tuvo resultados efectivos, ya que carece de obligatoriedad y de mecanismos de sanción. “Eso permitió que sigan operando empresas sin licencia ni controles sanitarios”, lamentó.
El proyecto de ley en estudio contempla la creación de un registro nacional de embotelladoras y distribuidores, inspecciones no anunciadas, certificaciones técnicas anuales y análisis mensuales conforme a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También obligará a incluir en las etiquetas el origen del agua, el tipo y los resultados de los análisis recientes, además de habilitar un registro público digital donde se puedan consultar las empresas certificadas.
Quienes incumplan las disposiciones serían sancionados con multas, decomisos o incluso la clausura definitiva de sus operaciones. La propuesta prevé que el INAN, la ERSSAN y el INTN trabajen de forma coordinada en la fiscalización, y otorga 180 días para la entrada en vigor de la ley una vez promulgada.
Del Puerto adelantó que la Comisión solicitará informes a las instituciones involucradas antes de emitir su dictamen, y afirmó que la medida busca proteger la salud pública y, al mismo tiempo, respaldar a las empresas formales que cumplen con las normas vigentes.
El Nacional
