A partir del protocolo que activó un colegio en Areguá, fue detenido e imputado un abuelo por el abuso sexual sistemático a sus tres nietas desde la pandemia.
El hecho desgarrador tiene por víctimas a tres hermanas de 11, 13 y 17 años. La compañera de colegio de una de ellas tomó conocimiento y lo comunicó a una docente. A raíz del hecho, se activó el protocolo establecido para casos de abuso sexual en niños y se dio el aviso pertinente a la Policía Nacional y el Ministerio Público.
El fiscal de Luque, Jorge Escobar, está a cargo del caso y mencionó a NPY que en tiempo récord las niñas fueron evaluadas física y ginecológicamente en una clínica forense, donde se pudo comprobar rastros en una de ellas. Actualmente, ya cuentan con contención psicológica y por un día quedaron bajo el cuidado de una docente.
El Ministerio Público formuló este viernes la imputación contra el abuelo detenido por abuso sexual en niños y solicitó su prisión preventiva. El hombre fue citado a una audiencia ante la jueza Cecilia Ocampos esta jornada, a modo de que se puedan decretar las medidas.
De acuerdo con el representante del Ministerio Público, se había quedado con la guarda de sus tres nietas desde la pandemia, tiempo en el que habían comenzado a ser sometidas de forma sistemática, bajo amenazas de hacer daño a las hermanas si se contaba a la abuela, a las maestras o alguna otra persona.
“El tipo penal aplicado es el 135, sobre abuso en niños. Pero cuenta con agravantes, porque fue realizado en varias ocasiones. La noticia que tenemos es que abusó varias veces de las tres menores y amenazó con cuchillo”, reforzó el fiscal.
Posteriormente, la tutela estaría a cargo de una tía que fue localizada por las autoridades. La madre de las niñas se encuentra con vida y Escobar está indagando en qué condiciones había sido entregada la guarda al abuelo.
Explicó que solicitó la prisión preventiva del abusador porque el mismo podría influir en ciertos testigos o las víctimas durante el proceso de la investigación.
Los nombres de las víctimas, los condenados y demás datos se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.
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