En el Congreso Nacional, los casos de tráfico de influencias y nepotismo ya no solo son frecuentes, sino que han pasado a ser prácticas sin consecuencias para quienes las cometen.
Los últimos escándalos confirman que los legisladores involucrados no serán sancionados y continuarán en sus cargos, blindados por alianzas políticas y una estructura que protege a sus miembros antes que al interés público.
El caso más visible es el de la senadora Noelia Cabrera Petters, envuelta en el episodio de los llamados “neposobrinos”. Sus familiares, Iván e Irene Giménez Cabrera, fueron contratados como funcionarios del Congreso con salarios de más de G. 8 millones y G. 13 millones mensuales, pero se comprobó que trabajaban en un estudio jurídico privado. Pese a que se intentó impulsar un libelo acusatorio para su expulsión, la mayoría cartista y sus aliados operaron para asegurar que no enfrente ninguna sanción política.
En un movimiento que expuso la lógica de la impunidad, el oficialismo contraatacó con denuncias contra la senadora Celeste Amarilla y el senador Éver Villalba. Apuntaron a Martín Cogliolo Boccia, sobrino de Amarilla, contratado en el despacho de Villalba y señalado de figurar en planillas mientras viajaba al extranjero. Las acusaciones incluyeron nepotismo, planillerismo y presunta falsificación de documentos. Amarilla afirmó que se opuso a su contratación y que fue Villalba quien lo incorporó, mientras este último presentó documentos firmados por el expresidente del Congreso, Silvio Ovelar, que avalaban permisos sin goce de sueldo.
Aunque se anunció un sumario administrativo con suspensión de salario para Cogliolo Boccia, en la práctica el proceso no amenaza la permanencia de ninguno de los implicados en sus bancas. Tanto en este caso como en el de Cabrera, las investigaciones no avanzan hacia sanciones reales, y las bancadas se limitan a usar las denuncias como herramientas de presión política sin intención de castigar.
La conclusión es clara: el Congreso ha consolidado un sistema en el que las denuncias de nepotismo y tráfico de influencias se resuelven políticamente para evitar cualquier expulsión o inhabilitación. Con esta dinámica, la impunidad deja de ser una excepción para convertirse en una norma permanente dentro del Poder Legislativo.
El Nacional.
