Un nuevo ataque contra la vivienda de un periodista en Lambaré ha despertado la alarma en el sector periodístico y político, obligando al Senado a reactivar con urgencia el debate sobre una ley de protección.
Un desconocido detonó una bomba molotov contra el domicilio, sin llegar a causar heridos, pero dejando en claro el grado de vulnerabilidad de aquellos que ejercen el periodismo en el país.
Este episodio se suma a una serie de agresiones dirigidas a colegas como Carlos Benítez y Fabián Costa, cuyos hogares también fueron blanco de disparos en episodios recientes que no han sido esclarecidos en su totalidad. En muchos casos, los autores permanecen impunes, lo que profundiza la sensación de impunidad y riesgo permanente para quienes informan.
Organizaciones de prensa, defensores de derechos humanos y gremios periodísticos han hecho claras exigencias: que el Senado apruebe de una vez una normativa que no solo reconozca el derecho de los periodistas a trabajar sin amenazas, sino que instale mecanismos reales de prevención, protección y sanción. El proyecto de ley “De Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos”, impulsado desde hace años, reúne aportes técnicos y propone la creación de un mecanismo articulado con facultades para dictar medidas urgentes en situaciones de riesgo, además de dotarlo de presupuesto.
A pesar de la gravedad de los hechos y la imposición internacional que pesa sobre Paraguay —la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado diseñar este tipo de normativa en el marco del caso Santiago Leguizamón—, la aprobación ha sufrido dilaciones y postergaciones. La comisión que debía emitir dictamen en el Senado lo aplazó recientemente para “mejorar consensos”, justo cuando la vida del periodismo pende de los hechos.
Legisladores favorables al proyecto insisten en que esta ley no se puede quedar en un texto simbólico. El Estado debe asumir plena responsabilidad institucional: activar mecanismos de protección anticipada, garantizar recursos adecuados y asegurar que la justicia actúe con autonomía y eficacia en los casos que sobrevienen. El argumento ya no puede seguir siendo solo técnico —se trata de defender la libertad de expresión, el derecho a informar y, en última instancia, la propia democracia.
Si el Senado continúa postergando la atención a este tema mientras periodistas siguen siendo blanco, el costo será grave: más silencio, más autocensura y un país que abdica al derecho de conocer. El momento exige una decisión legislativa firme: que el nuevo atentado no quede solo en tragedia anunciada, que sirva de impulso para finalmente sancionar la ley de protección.
El Nacional
