El Poder Ejecutivo promulgó una ley para otorgar pensión a huérfanos víctimas de feminicidio y violencia familiar. Se prevé inicialmente que este beneficio estatal llegue a más de 500 menores de edad.
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley 7349, que establece un régimen especial de pensión para niños, niñas y adolescentes huérfanos, víctimas de feminicidio o de homicidio de uno de sus progenitores en un contexto de violencia familiar. La normativa busca garantizar el apoyo económico y asistencia integral para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad tras la pérdida de un familiar en estas circunstancias.
El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, explicó que además de la ayuda económica, la ley prevé programas de apoyo integral, que incluyen cobertura en salud y asistencia emocional para la recuperación de los beneficiarios. También aclaró que la protección abarca a niños que fueron adoptados luego de estos hechos, garantizándoles el derecho a la pensión hasta cumplir la mayoría de edad.
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“Esta ley busca proteger a niños, niñas y adolescentes que perdieron a uno de sus padres en un contexto de violencia familiar, ya que en muchos casos el victimario termina privado de su libertad o fallece, dejando a los menores en una situación de desprotección”, señaló Gutiérrez. Añadió que el Ministerio de la Niñez se encargará de coordinar con otras instituciones para que los beneficiarios reciban un apoyo completo, supervisando la correcta aplicación de la ley.
El Ministerio de la Niñez estima que la implementación de esta ley beneficiará inicialmente a unos 500 niños, aunque la cifra podría aumentar conforme se obtenga mayor precisión en la identificación de casos.
La ley contempla una asignación mensual equivalente a quince jornales mínimos, aproximadamente un millón quinientos mil guaraníes, que será otorgada a cada menor afectado. Estos fondos estarán destinados a cubrir necesidades básicas y serán administrados por los tutores designados legalmente. En casos de niños y adolescentes con discapacidad, el beneficio podrá extenderse más allá de la mayoría de edad, siempre que el 50 % de la discapacidad sea certificada por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
Hoy.
